42. AZET sindicato de vivienda & Ongi Etorri Errefuxiatuak

Abrimos micrófonos nuevamente para compartir la edición número 34 de TEJIENDO PAZ programa de radio que emitimos desde CANDELA RADIO.FM para todo el mundo, durante esta hora de programa compartimos como siempre valiosa información.

En nuestra primera entrevista Lutxi Maza, miembro se AZET sindicato de vivienda comparte junto a nuestra compañera Sayuri Nishime.

En el segundo bloque conversamos de EL EMPADRONAMIENTO COMO UN DERECHO PARA LA GARANTIA DE OTROS DERECHOS, junto a Germán García Marroquín.

Compartimos también excelente música a cargo de Manu Chau, compartan junto a nosotras esta hora de programación.

AZET es el Sindicato de Vivienda que trabaja en los barrios de Bilbao La Vieja, San Francisco y Alde Zaharra. Es un espacio de autodefensa colectiva en el que, el apoyo mutuo hace la fuerza para dar respuesta popular a las necesidades relacionadas con la vivienda.

¿Parar el desahucio de nuestra vecina es lucha feminista? Son muchas las mujeres trabajadoras que luchan en los Sindicatos de Vivienda de los diferentes barrios y pueblos de Euskal Herria y a través de esta práctica diaria se puede afirmar que la problemática de la vivienda está atravesada por todas las opresiones de la sociedad. La problemática de la vivienda es estructural y atraviesa todos los aspectos de la vida de las desposeídas.

Por eso, las mujeres de AZET, quieren dejar claro que la lucha por nuestra vivienda, es lucha de clases. Pero, además, tener claro que este sistema capitalista y patriarcal, nos condena a vivir aún más explotadas por ser mujeres y de clase trabajadora.

El certificado de empadronamiento es el documento que acredita el tiempo de permanencia y residencia en el territorio español, independientemente de la nacionalidad o situación legal del individuo. El empadronamiento es un derecho y un deber de todas las personas que residen en el territorio español, independientemente de su nacionalidad o si cuentan o no con permiso de residencia. La inscripción en el Padrón acredita como vecino del municipio y sirve para acceder a distintos derechos, como, por ejemplo; solicitar la regularización o permisos de residencia y trabajo, solicitar la tarjeta sanitaria o acceder a los servicios municipales, entre otros.

Las entidades alertan que crecen las dificultades para obtener el padrón: “Poner impedimentos es vulnerar derechos”.

Al calvario que sufren los colectivos vulnerables de tener una economía precaria o padecer una situación de exclusión residencial, se le suman cada vez más dificultades burocráticas y administrativas, especialmente en el empadronamiento.

Obtener el padrón es un elemento básico para entrar en el sistema de salud, para la escolarización o para muchos otros trámites, y aunque para la mayoría de la población es algo prácticamente automático, para algunos colectivos es una carrera de obstáculos.

Cada vez más Ayuntamientos ponen trabas, en un contexto en el que el discurso político de ultraderecha marca el debate sobre la inmigración y los colectivos vulnerables, desde personas sin hogar o personas que viven en habitaciones realquiladas hasta trabajadoras sexuales y personas de origen extranjero en situación administrativa irregular.

Y son precisamente estos colectivos los que necesitan el padrón como puerta de entrada a otros trámites y al sistema de protección de salud y de servicios sociales.

Las dificultades pueden ir, entre muchas otras, desde la arbitrariedad en los criterios para dar el padrón, el requerimiento de documentación innecesaria, la demora en otorgar el padrón más allá de los tres meses de tope, o las comprobaciones físicas en la vivienda para acreditar que la persona vive donde dice vivir, mediante la policía local o en algunas ocasiones la policía nacional. Las entidades recuerdan que todas estas trabas se dirigen casi exclusivamente a personas migrantes o colectivos vulnerables, con un evidente sesgo racial.

Con todo, es muy complicado saber cuánta gente está afectada por estos impedimentos, “Para tener constancia de las infracciones, los afectados se tienen que quejar. Y al ser personas vulnerables que necesitan el padrón para tener la tarjeta sanitaria o para escolarizar a sus hijos, prefieren no decir nada y buscar otro lugar donde sí podrán empadronarse”.